El decano del
Colegio de Abogados de Lima, Walter Gutiérrez, señaló como
“claramente inconstitucional” la directiva que establece nuevos
requisitos para las empresas de intermediación laboral.
Señaló, en un
comunicado de prensa, que “la norma ha transgredido la ley y el
reglamento de intermediación laboral, excediendo los alcances de
estos dispositivos”.
La directiva ha
restringido actividades que estaban permitidas por la ley y
reglamento de intermediación laboral, y ha establecido nuevos
requisitos para el funcionamiento de empresas de intermediación,
“con lo que se ha regulado el derecho a la libertad de empresa a
través de una norma de menor jerarquía, violentando de esta
manera la Constitución”, anota Gutiérrez.
La norma “también
ha vulnerado el derecho a la seguridad contractual (artículo 62
de la Constitución), al exigir a las empresas que adecuen sus
contratos vigentes a las nuevas exigencias contempladas por la
referida norma”.
Añade que la
directiva “es una norma clandestina, pues su texto no ha sido
publicado en el diario oficial El Peruano, como dispone la
Constitución”.
Gutiérrez comentó
que la tercerización permite a las empresas diseñar más
flexiblemente sus negocios y actividades, terecerizando las
actividades accesorias y complementarias y las vinculadas a la
actividad principal del negocio.
“Es legítimo que
el Estado se preocupe de evitar que se escamoteen los derechos
de los trabajadores, lo que no es válido es que se utilicen
mecanismos normativos que trasgredan el principio de legalidad”,
concluyó.
